Las instalaciones deportivas públicas deben ser para todos
POR DIONISIO SOLDEVILA / @dSoldevila
En la edición de ayer de Diario Libre, el colega Carlos Sánchez presentó un reportaje sobre la situación de las instalaciones deportivas de la República Dominicana, que pasan de 4,000 las que han sido construidas con dinero público pero que, a pesar de ello, para ser usadas por el público común y corriente debe pagar un monto, generalmente mensual.
Y uno podría entender la situación si las instalaciones recibieran mantenimiento, pero ese no es el caso, en lo más mínimo.
Por eso nos topamos con clubes que son construidos con dinero público, que se les compran tabloncillos con dinero del presupuesto del Ministerio de Deportes, que cobran cualquier monto entre 10 y 15 mil pesos mensuales por alquilar dos horas una vez a la semana a, por ejemplo, ligas de baloncesto añejo pero cuando el tabloncillo se deteriora, cuando hay que reparar el techado, cuando hay que comprar tableros o aros nuevos, entonces es el Estado el que tiene que nuevamente invertir en la instalación.
La constitución de la República estipula que el deporte es un derecho de los dominicanos, el Gobierno invierte millones en instalaciones deportivas para garantizar ese derecho ¿y entonces los ciudadanos tienen que pagar a particulares para usar esas instalaciones que se construyeron con el dinero de sus impuestos?
Algo no está funcionando bien en ese sentido, y no solo es en las decenas de clubes deportivos de las comunidades donde hay canchas de baloncesto construidas por el gobierno.
Pasa lo mismo en los complejos de natación, en los estadios de béisbol, en las canchas de tenis, en las canchas de voleibol, complejos de gimnasia, entre otros, que son construidos por los Gobiernos y son entregadas a individuos o entidades para su manejo y supervisión, pero que le cobran a los que las usan y ese dinero solo cae en los bolsillos de algunos, sin invertir ni medio centavo en el mantenimiento de las mismas.
Eso no está bien, eso es una distorsión completa y también es enriquecer a individuos que cobran cuantiosas sumas para el uso de instalaciones que simplemente no son suyas, pero que tampoco se toman ni siquiera el cuidado de mantener en buenas condiciones.
Si aquellos que “cuidan” las instalaciones deportivas no van a darle mantenimiento a las mismas con el dinero que le cobran a los ciudadanos, que les quiten el manejo.
