SANTO DOMINGO, República Dominicana.─ En un giro sin precedentes para el deporte y la transparencia en la República Dominicana, la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) y su presidente, Vitelio Mejía, enfrentan la inminencia de una querella penal por desacato. Esto ocurre tras vencerse el plazo para cumplir con una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que les ordena transparentar sus operaciones financieras y los contratos de los estadios estatales.
En una entrevista exclusiva para el programa Grandes en los Deportes, conducido por los veteranos periodistas Dionisio Soldevila y Enrique Rojas a través de Panorama FM 96.9, el abogado y agrimensor José Miguel Mañón reveló que la sentencia ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, abriendo la vía para consecuencias penales contra la dirigencia del béisbol invernal.
El origen del conflicto: El derecho a saber
La disputa legal comenzó el 20 de enero de 2026, cuando Mañón amparado en la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y el artículo 49 de la Constitución, solicitó formalmente a la LIDOM información detallada sobre las recaudaciones por taquillas, contratos de patrocinio y el estatus legal de los estadios Quisqueya Juan Marichal, Tetelo Vargas, Julián Javier y Estadio Cibao.
«El Estadio Quisqueya, el Tetelo Vargas, el Julián Javier y el Estadio Cibao son propiedad del Estado dominicano. Todo lo que se genere en esos estadios, salvo que presenten un contrato de enfiteusis, usufructo o arrendamiento, es de orden público. Al no presentar nada, son cosas públicas administradas por manos privadas que deben rendir cuentas», explicó Mañón durante el espacio radial.
Ante el silencio de la liga durante los 15 días que otorga la ley, el jurista acudió al TSA. Aunque LIDOM constituyó abogados y presentó recursos de inadmisión para evitar la entrega de los datos, el tribunal rechazó sus argumentos y falló en favor del ciudadano, otorgando un plazo de 15 días para la entrega de la documentación tras la notificación del fallo el pasado 11 de mayo.
Silencio legal y la inminente querella penal
De acuerdo con Mañón, el plazo venció el viernes 26 de mayo a las 5:00 p.m. Al verificar el sistema del Poder Judicial, se constató que la liga ni depositó los documentos requeridos ni tramitó un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional.
«La Liga ya no tiene ninguna opción. Incluso entregando la información ahora caerían en una ilegalidad porque el plazo venció», enfatizó el abogado. «A partir del lunes vamos a depositar una querella penal contra Vitelio Mejía por no entregar la información. Esto no tiene reversa y pone en peligro de condena penal tanto a la institución como a su presidente».
¿Qué exige la sentencia?
El fallo del TSA obliga a la LIDOM a transparentar información que históricamente se ha manejado como un «tabú» corporativo en el país:
- Ingresos totales: Recaudación detallada por venta de boletas y abonos.
- Patrocinios: Contratos comerciales con marcas privadas e instituciones públicas.
- Finanzas internas: Nóminas salariales de los peloteros y personal administrativo.
- Servicios públicos: El estatus del pago de energía eléctrica a distribuidoras como EdeEste y EdeNorte
El «tabú» periodístico y el impacto en el fanático
Durante la entrevista, Enrique Rojas realizó una autocrítica sobre el rol de la crónica deportiva local respecto a la fiscalización del negocio del béisbol:
«Nosotros, los periodistas deportivos, nos hemos acostumbrado a ver como normal el adivinar cuánta gente entró a un juego. En Grandes Ligas te dicen el número oficial exacto; aquí tiramos números alegres. Ningún comunicador deportivo le había exigido a ninguna entidad este tipo de información», confesó Rojas.
Por su parte, Dionisio Soldevila subrayó el impacto directo que este secretismo tiene sobre el bolsillo de los fanáticos, citando las quejas por las alzas desproporcionadas en los precios de las boletas y abonos para la venidera temporada, a pesar de las millonarias inversiones que realiza el Estado dominicano (como los más de 300 millones de pesos destinados a la remodelación del Estadio Tetelo Vargas).
Mañón, quien aclaró que actúa a título estrictamente personal como ciudadano y abonado afectado, concluyó señalando que los seis equipos de la pelota invernal estaban al tanto del litigio a través de la junta de directores de LIDOM y no podrán alegar ignorancia.
El próximo lunes marcará un antes y un después en el deporte rey de los dominicanos, trasladando el juego desde el diamante hacia los tribunales penales.
